Investigadores de la Universidad de Nueva York han propuesto un nuevo cálculo para determinar si un medicamento una tecnología es coste eficaz y merece la pena su adopción. Los cálculos que se utilizan en muchos casos para demostrar el coste eficacia de un nuevo medicamento o tecnología podrían ser erróneos, según algunos expertos, lo que implicaría que muchos de ellos no se adoptan o que se hacen sacrificando otras inversiones en sanidad mucho más eficaces.
Puede consultarse aquí: http://www.york.ac.uk/media/che/documents/papers/researchpapers/CHERP60_value_based_pricing_for_pharmaceuticals.pdf
Cuando los gobiernos nacionales o globales financiadores de salud tienen que decidir si subvencionar una nueva tecnología médica (una vacuna nueva, un nuevo medicamento contra el SIDA, una aplicación), algunos se preguntan si la nueva tecnología es «rentable», es decir, si los beneficios para la salud derivados de la introducción de la nueva tecnología compensan las actividades o servicios que son desplazadas para dar cabida a los costes adicionales.
Para responder a esta cuestión política, los investigadores suelen determinar el coste-efectividad comparando el incremento de ratio de coste-efectividad o ICER a un umbral que es un múltiplo del PIB de un país o ingreso per cápita de un grupo.
En la práctica, sin embargo, el PIB basados en umbrales tienen poca base empírica, como Shilcutt y otros autores explican en su excelente revisión de las reglas de decisión y su uso en los estudios relacionados con los países de bajos y medianos ingresos. La falta de justificación empírica para la regla de decisión puede dar lugar a la adopción de tecnologías inaccesibles o ineficientes.
Un ejemplo es el de los países de ingresos medio teniendo en cuenta la adopción de la vacuna antineumocócica conjugada en diversas presentaciones (PCV-10 o PCV-13). Utilizando el modelo de elección de la OMS y en base a los precios obtenidos a través de UNICEF, parece rentable cuando se compara el ICER de ambos tipos de vacuna. Sin embargo, la inclusión de esta vacuna a los precios actuales podría más que cuadruplicar los presupuestos de vacunación si se destina a toda la población de recién nacidos. En este caso, en el supuesto de que el presupuesto público no vaya a crecer para dar cabida a un nuevo gasto y de que los fondos deben ser reasignados de otras partes del presupuesto, el cáluclo basado en el PIB no refleja las implicaciones del cambio real de asignación en el presupuesto público que se requeriría para cuadruplicar el gasto en inmunización.
Esto es por qué el trabajo publicado la semana pasada por los economistas de la salud en la Universidad de York es tan importante: Karl Claxton y sus colegas han derivado una base empírica sobre rentabilidad para el Servicio de Salud del Reino Unido (NHS), que podrá ser adoptada por el órgano dedicado a recomendar prioridades, NICE.
Los investigadores aseguran, en primer lugar, que el umbral tendría que ser revisado periódicamente. Partieron de la premisa de que sólo podían utilizar datos que estaban disponibles de forma rutinaria desde el NHS. En segundo lugar, se analizó la relación entre el gasto del NHS en general y resultados de los pacientes. Muertes evitadas, años de vida perdidos… son valores que deben tenerse en cuenta.
Aplicando sus criterios se muestra que la recomendación de NICE de una nueva tecnología que tenían costos incrementales de 80 millones de libras, como ranibizumab en el tratamiento de edema macular diabético y equivale a evitar 295 muertes adicionales y 1.337 años de vida perdidos, la mayoría de ellos era probable que se produzca entre los pacientes que sufren de cáncer o trastornos circulatorios, respiratorios o enfermedades gastrointestinales.
Ésta es la verdadera oportunidad que debe ser considerada por los responsables políticos y el público en general.
Cualquiera que se haya enfrentado a un gestor sanitario para proponer la adopción de una nueva tecnología, servicio, medicamento o aplicación se habrá encontrado con frecuentes negativas basadas en la restricción presupuestaria. La reducción de ingresos en urgencias, fallecimientos, gastos de hospitalización, etc. a menudo no es un argumento que pueda esgrimirse ya que las competencias y la responsabilidad sobre el gasto de algunas de esas variables dependen de otra administración o gestor, al que sólo le importan las cifras referidas a su ámbito y durante el tiempo que calcule que pueda estar en el cargo.
Si dispusiéramos de un organismo recomendador en España del tipo NICE en Gran Bretaña quizá evitaríamos que estas batallas cortoplacistas y la sanidad en su conjunto tendría mayor calidad a un coste menor.
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